Por un puñado de dólares

 
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Contraluz

Carlos Illades

El sistema político mexicano suele purificarse sexenalmente buscando chivos expiatorios a quienes responsabilizar de los excesos más lastimosos de los gobiernos salientes, lo cual no significa la ausencia de deudas con la justicia por parte de aquéllos, acaso más graves que la de los delitos imputados. Antes de la alternancia, el mecanismo funcionaba bajo la premisa de castigar a los pocos para salvar a los muchos, y así generar una mínima expectativa ciudadana de que algo cambiaba. Jorge Díaz Serrano, epítome de la corrupción lopezportillista, se las vio con la renovación moral de Miguel de la Madrid. A Joaquín Hernández Galicia, la Quina, Carlos Salinas de Gortari le hizo pagar la osadía de movilizar el voto de los petroleros en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general que nacionalizó la industria. Raúl Salinas de Gortari cargó con los crímenes políticos del sexenio de su hermano, mientras Ernesto Zedillo y Carlos Salinas se responsabilizaban mutuamente del “error de diciembre”. Los panistas se cuidaron las espaldas entre ellos. Y, con el PRI de regreso, también volvió la práctica de aquel ritual renovador, encontrando en la maestra Elba Esther Gordillo a la villana perfecta, más todavía por haberse opuesto a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador ha fustigado a muchos políticos y empresarios en sus conferencias mañaneras, pero procedido penalmente sólo contra cuatro figuras importantes, si bien menos conocidas que las cazadas por sus predecesores: Eduardo León Trauwitz, Emilio Lozoya Austin, Juan Ramón Collado Mocelo y Alonso Ancira Elizondo. El general, exjefe de la subdirección de Salvaguarda Estratégica de pemex. El economista, director general de la paraestatal. El abogado, defensor de políticos encumbrados. El empresario, dueño de Altos Hornos de México. León Trauwitz y Lozoya Austin están prófugos. A Collado Mocelo lo aprehendieron cuando comía en las Lomas con Carlos Romero Deschamps, quien tuvo a bien resguardarse debajo de una mesa pues pensó que iban por él. Ancira Elizondo está en libertad bajo caución en España. El general fue escolta de Peña Nieto cuando éste se desempeñaba como gobernador del Estado de México. Lozoya Austin formó parte del equipo de campaña y de transición del golden boy de Atlacomulco. Collado Mocelo divorció a Peña de Angélica Rivera. Ancira Elizondo adquirió Altos Hornos cuando Salinas de Gortari remató las paraestatales. Se les imputa responsabilidad en el robo de combustible de pemex, recibir sobornos de la multinacional brasileña Oderbrecht —probablemente desviados a la campaña presidencial peñista—, lavado de dinero y la venta fraudulenta de una empresa de fertilizantes a Pemex, respectivamente.

El perfil de los acusados y el nexo con Peña Nieto —e incluso con Carlos Salinas en los casos de Collado Mocelo, Lozoya Austin y Ancira Elizondo— ofrecen indicios relevantes de lo que será el combate contra la corrupción en la administración obradorista y desmiente, o pone en duda, ciertas hipótesis de por qué el relevo gubernamental fue bastante terso. Comenzaré por esto último. En una suerte de complot al revés, en el que López Obrador no es víctima sino cómplice, éste habría realizado un pacto de impunidad con Peña, signado ante la amenaza del candidato panista Ricardo Anaya Cortés de meter al presidente priista a la cárcel en caso de ganar. Que López Obrador proceda penalmente contra personas del círculo peñista no avala esa presunción, sino más bien una manera de eludir la explicación rigurosa del descalabro electoral de la Coalición Por México al Frente.

En cuanto al combate a la corrupción en el gobierno obradorista, percibo un cambio en relación con sus antecesores. Más que el castigo ejemplar a políticos señalados por la opinión pública, parece cobrar relevancia desmontar el engranaje y descubrir las redes que articulan el crimen con los negocios y la política. De una u otra manera los cuatro imputados tienen que ver con pemex. La paraestatal, no olvidemos, constituye el centro de la política económica del presidente tabasqueño, quien ha de mostrar a la ciudadanía que el sacrificio económico implícito en el rescate de la empresa energética no será en vano, que se acompañará del castigo a los posibles responsables de su ruina (no olvidemos que el combate al huachicol es una de las medidas de la nueva administración mejor evaluada en las encuestas). En otro plano, López Obrador dirige sus baterías hacia la colusión del crimen, la política y el dinero en la formación neoliberal, sobre la cual, si se prueban los cargos, el caso de Collado Mocelo, por sus múltiples redes y registros, sería paradigmático. No estaríamos hablando ya de la compra de barcos a sobreprecio que condujeron al ingeniero Díaz Serrano cinco años a prisión o de la buena vida que la maestra Gordillo se daba con las cuotas sindicales. Aquél develaría cómo el dinero de la economía criminal entró en los circuitos financieros, y de qué manera la fusión del crimen, el capital y la política hicieron del país lo que es hoy.