Larga Vida a la Guardia Nacional

 

Opinión

Luis de la Calle-Robles

Pongámoslo claro: sin un cuerpo militarizado que se despliegue en todo el territorio y ejerza una amenaza creíble de la fuerza frente a aquellos criminales que sigan extrayendo rentas de los ciudadanos y parasitando a las instituciones locales, el Estado mexicano nunca saldrá de la debilidad intrínseca que afecta profundamente a su funcionamiento. Sólo la ocupación permanente del territorio basada en un cuerpo que garantice la jerarquía de mando e imponga altos costes a los desafíos abiertos al poder legal puede reconstruir las venas abiertas del México rural. Los criminales incrementan la violencia porque asumen que la corrupción policial y la degradación social les dejarán salirse con la suya; sólo el despliegue absoluto de la fuerza militar puede doblegarlos y hacerles regresar a aquellos tiempos en los que los traficantes se preocupaban más por pasar las mercancías ilegales hacia el Norte que por degradar la frágil convivencia en el país.

 La versión de los críticos

Con buen tino, muchos lectores aducirán que meter a los militares a apagar el fuego criminal es poco sabio, porque estos solo saben echar gasolina a la pira. Y para ello presentarán datos recopilados con más o menos gusto, que muestran que la violencia sube si el ejército está de por medio. Por desgracia, su evidencia no es convincente: ni el ejército interviene de manera aleatoria (si se despliega donde ya hay violencia, ¿a qué se debe la violencia posterior?) ni las bases de datos existentes pueden decirnos quiénes están matando a quién (y así es complicado atribuir causalidad negativa a la intervención del ejército).

 Además, nos dirán que en Suecia jamás se les ocurriría sacar a los militares a las calles para resolver un problema de delincuencia. Más y mejor estado de derecho es suficiente: si tuviéramos jueces, policías y cárceles del primer mundo, nuestros criminales también se primermundicializarían. Sí, salvo que Suecia no hace frontera con los Estados Unidos de América. Y tampoco edificaron su sólido imperio de la ley en un sexenio. Sería idóneo, sin duda, solicitar a los criminales que dejaran de extorsionar y extraer recursos del estado durante unos años, no más mientras el estado se refuerza con agentes más dedicados al respeto de la legalidad. Ojalá. Pero la fracasada resolución de este tipo de dilemas intertemporales (espérame a que pueda reforzarme para que después pueda destruirte legalmente) son los que tristemente caracterizan el día a día de nuestros regímenes políticos.

 La versión condicional

Está en boga proponer una vía intermedia como solución a la violencia criminal, una solución sottovoce, que nos viene a decir que durante los tiempos felices del PRI hegemónico la violencia estaba contenida porque el poder político optaba por un tipo de represión condicional, que subía sólo cuando los cárteles sobrepasaban un nivel inaceptable de enfrentamiento. Si la represión estatal se enfoca sólo en aquellos que no respetan las reglas no escritas del juego criminal, entonces los cárteles deberían mantener un perfil bajo y maximizar sus rentas del comercio ilegal.

 Dejemos a un lado por un momento que nuestros criminales actuales no parecen ser del tipo que se contenta fácilmente con la parte “asignada” del mercado. Desde un punto de vista puramente racional, si aceptamos que los criminales que se enfrentan al Estado siguen una lógica de coerción, algo así como doblarle la mano al gobierno para que no le moleste con sus negocios, entonces no hay aproximación condicional que valga: el Estado tiene que demostrar que alberga suficiente fuerza bruta como para expulsar del mercado a todo aquel que intente desafiarle abiertamente con métodos violentos. En un juego del gallina (ya saben, James Dean pilotando un carro que se viene de cara contra otro, y pierde el primero que se desvía), gana el que muestra más disposición, más capacidad. Y aunque los gobiernos se sienten presionados por analistas y activistas para ganarle la mano a los criminales con puras palabras, los hechos son los que más pesan:  sólo la amenaza creíble de la violencia contra-criminal puede garantizar el triunfo de la ley en el largo plazo.

 La versión de la ocupación

Fue Charles Tilly quien dijo que los estados modernos son creaciones de grupos criminales rapaces que monopolizaron a través de la guerra permanente el control de la violencia. Es argumento habitual entre los estudiosos de las capacidades de los Estados aducir que la tesis de Tilly no es aplicable más allá de Europa occidental durante el medievo. En otras palabras, México está jodido porque tuvo pocas guerras y demasiado tarde. Pero hay algunas salvedades.

 Algunas de las naciones modernas más exitosas en la construcción estatal contaron con formidables enemigos externos (Corea del Sur, Cuba o Taiwán) o internos (Estados Unidos, Israel o Chile) que generaron condiciones que permitieron la necesaria ocupación interior para la reconstrucción de las capacidades fiscales y burocráticas del país. México cuenta con un interior devastado que apenas paga impuestos y vive al margen de las leyes republicanas, a costa de sufrir las penurias de la migración perpetua y la violencia criminal. El despliegue de la Guardia Nacional, como fuerza militar y federal de ocupación, permitiría recuperar el territorio y garantizar una paz duradera a la vez que ampliar las bases fiscales del país. Sólo el ejército puede alcanzar estos tres objetivos porque es la única institución que cuenta con legitimidad popular y con la formación capaz de evitar los sempiternos problemas de captura de las  instituciones locales.

 Y en esto, por fin, México podría parecerse a las potencias europeas: no sólo España, Francia e Italia, sino también países atlánticos como Holanda crearon durante el siglo XIX gendarmerías militarizadas encargadas de vigilar las provincias rurales con el objetivo de hacer cumplir la ley en todo el territorio y de extraer más recursos para el fisco. La 4T en esto ha sido sabia. Falta sólo que no se despiste con las impertinencias de Trump y no dilapide el tesoro de la Guardia Nacional en vigilar fronteras que lejos de ampliar nuestra base fiscal nos la hace más chiquita.