La protesta en la Policía Federal ¿desestabilización o rebeldía laboral?

 
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La Casa del Pueblo

Diego Bautista Páez

El pasado 3 y 4 de julio, miembros de la Policía Federal (PF) encabezaron una protesta reclamando derechos laborales y garantías en su incorporación a la Guardia Nacional (GN). 48 horas después del triunfal y masivo mitin de López Obrador a un año del 1 de julio, el cuerpo policiaco robó los titulares al atrincherarse en el Centro de Mando (Contel) en Iztapalapa para demandar una mesa de negociación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y su titular Alfonso Durazo. La protesta policial abre, por la vía de la movilización, el debate sobre el modelo y la gestión de la fuerza pública en la transición política del Estado mexicano.

Las 16 exigencias iniciales de la PF se pueden clasificar en tres rubros: salarios y prestaciones (sueldo de 15,000 pesos y respeto a sus bonos de operatividad mensual); seguridad social y condiciones de trabajo; y respeto a sus derechos humanos bajo evaluación civil de su actividad. Las primeras son típicas exigencias de la protesta laboral, sin embargo, la tercera es la que dota de especificidad al conflicto a sabiendas de que la corporación desaparecerá en un plazo de 18 meses según anunció AMLO. En el contexto mexicano de altos niveles de violencia, en muchos casos gracias a la colusión entre policías y el crimen organizado, la disputa por el sentido de la acción policial sobrepasa sus causas inmediatas.

A diez días del inicio de las protestas y con un acuerdo de corto plazo, llama la atención la lucha fiera por posicionar como legítima o manipulada —la “mano negra”— a la manifestación policial. Las suspicacias se levantaron después de que autoproclamados voceros de los policías disconformes pidieron a Felipe Calderón ser su “representante sindical”. El expresidente e impulsor de la guerra contra el narcotráfico y la militarización del país, tuiteó: “La protesta de la PF tiene causas de fondo (laborales) y forma. Rechazo la cobarde insinuación de estar atrás de ella. Si tienen pruebas, exhíbanlas, si no, retráctense. Mi gratitud y admiración a soldados, marinos y policías. #YoApoyoALaPoliciaFederal”. Alfonso Durazo y López Obrador aprovecharon las declaraciones para descalificar las demandas, abriendo hostilidades entre los antiguos y los nuevos gestores del Estado mexicano. ¿Si el Ejército es “pueblo uniformado”, la Policía Federal no lo es?

Hasta ahora la protesta ha transcendido como una confrontación por la legitimidad o manipulación de los uniformados más que un debate sobre el modelo de seguridad nacional y el lugar de las policías en él. Sin embargo, detrás de la disputa de sentidos está el cuestionamiento sobre quién lleva el mando del monopolio de la fuerza a través de las corporaciones que operan la violencia estatal. Cada polo con una visión de la seguridad, cadenas de mando y discurso sobre el lugar de la fuerza pública para el bienestar del país.

La trayectoria de los cuerpos de seguridad pública en México se complejizó en su historia reciente. Desde la transición en el 2000 se han sucedido modificaciones estructurales en su gestión y fines. En 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual fue separada de la Secretaria de Gobernación por Vicente Fox y desapareció en el 2009, dando paso a la Policía Federal. Calderón gestó la PF para ser el brazo operativo en el combate contra el crimen organizado, lo cual le permitió a la corporación hacer labores de inteligencia en colaboración con la PGR y la Policía Federal de Investigaciones (antes AFI). Enrique Peña Nieto creó, bajo decreto presidencial, la Gendarmería Nacional en 2014 para los mismos fines. Ninguna de estas corporaciones —que en teoría supusieron modelos de seguridad específicos — dio los resultados esperados. AMLO afirma que la Guardia Nacional, bajo dirección operativa militar (pero con expolicías a disgusto), acompañada de programas que ataquen los orígenes sociales de la criminalidad, logrará lo que sus antecesores no pudieron con el ejército y la Policía Federal.

Lo que ahora se presenta como una demanda laboral, mal encausada puede convertirse en un desafío a la gobernabilidad. Si el gobierno lopezobradorista quiere perdurar, tiene que desactivar este conflicto de manera definitiva con la mayor pulcritud y tacto político.  Policías movilizados contra gobiernos han sido escenarios de desestabilización de proyectos progresistas en otros países de América Latina: Honduras y Paraguay con los llamados “golpes suaves” contra Zelaya y Lugo, respectivamente; un intento similar en Ecuador contra Correa; y Venezuela como el lugar preferido de operaciones para policías sublevados. En México esperemos estar lejos de alguno de estos escenarios.

Otra variable de riesgo a destacar es que, con el desmantelamiento de cada una de las corporaciones arriba enlistadas, muchos de sus miembros al perder el empleo han pasado a engrosar las filas del crimen organizado perfeccionando su logística, técnicas de inducción de miedo y extorsión o filtrando información para su funcionamiento. Un ejemplo documentado es el del Grupo de Fuerzas Aerotransportadas creado con fines de contrainsurgencia y que, con la pérdida de sus prebendas marciales, varios de sus miembros salieron de las filas del Estado para incorporarse a los Zetas. 

Las protestas de la PF no sorprendieron a muchos analistas, la fuente principal de descontento: la incorporación de los policías a la Guardia Nacional bajo mando militar. En ese tránsito no están claras las cadenas de mando, la homologación de salarios o las evaluaciones diferenciadas entre (ex)policías y militares. El de la PF es un conflicto laboral, pero con implicaciones mucho mayores por la materia de trabajo y la historia reciente del país; su protesta muestra las dificultades y carencias conceptuales y operativas del nuevo modelo de seguridad del gobierno federal. En ese sentido, es de reprochar que poco ha aparecido en la evaluación de los acontecimientos la conveniencia para la seguridad del país de tener, desde el nivel municipal, policías bien pagados, sanos física y mentalmente y con seguridad en el empleo. Ello abonaría a exigir rendición de cuentas con protocolos efectivos de salvaguarda de los derechos humanos, así como transparencia en las cadenas de mando y operación.

La protesta en la PF no sólo polarizó a los políticos profesionales. Un espectro amplio de la población recordó la historia reciente de la corporación marcada por hechos como Nochixtlán, Apatzingán, el desalojo a la CNTE del Zócalo en septiembre de 2015, la entrada a la UNAM en febrero de 1999 por su antecesor la PFP o miles de actos cotidianos de extorsión y abuso de poder por parte de sus miembros. ¿Los policías deberían tener derechos laborales? Los reflejos de la izquierda dicen que no, pues estos han servido para reprimir la movilización social. La limitación de esta respuesta inmediata es que ayuda poco a pensar, desde la misma izquierda, un nuevo modelo de gestión de la seguridad nacional (escala en la que se muestra el problema). Y seamos claros: parar la guerra y pacificar a México es una acción impostergable si buscamos un país con justicia, dignidad y equidad.