La política de austeridad en el IMSS camina de la mano del neoliberalismo

 

Opinión

Rodrigo E. Ocampo Merlo

 
 

La renuncia de Germán Martínez a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es sintomática del rumbo que está tomando la conducción del Estado bajo el gobierno obradorista. La decisión del funcionario evidencia el actuar vacilante de la actual administración que es capaz de anunciar como decreto el fin del neoliberalismo al tiempo que impulsa una estrategia presupuestaria que limita la participación del Estado en rubros como el de la seguridad social, afectando con ello y aún más, el funcionamiento de una de las instituciones que nació con el objetivo de amortiguar la desigualdad existente en la relación capital-trabajo ofreciendo protección al sector asalariado ante cualquier eventualidad, además de transferirle beneficios monetarios y en especie con independencia de sus niveles de aportación. Un esquema de seguridad social que reconoce como un derecho el acceso a la salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como la posibilidad de acceder a una pensión (Ley del Seguro Social, 2015).

La política de austeridad de la actual administración que en principio se muestra como un acto de justicia y responsabilidad ética que busca poner freno a los excesos y la opulencia que caracterizaron el ejercicio del gasto público en el país, parece perder rumbo y contenido. Para el gobierno es más importante mantener sano el equilibrio de las finanzas que la salud de la población. Acorde con los principios neoliberales de sus predecesores, el Estado se limita a mantener una política social focalizada y asistencialista. La austeridad republicana se ha desdibujado dando continuidad a una estrategia de modernización impulsada en el IMSS desde finales de la década de los ochentas, en la que se tenía como máxima y fundamento del actuar institucional el “hacer más con menos”, situación que en la práctica se ha traducido en rezago en infraestructura, falta de personal y una consecuente precarización del servicio. 

Si el gobierno de Obrador quiere marcar distancia de sus predecesores, no sólo en las formas sino en el fondo, deberá reconsiderar el recorte al presupuesto en un rubro que ha sido deliberadamente descuidado por el Estado. El informe emitido por la OCDE en 2016 sobre los sistemas de salud muestra de manera clara el comportamiento del Estado mexicano en la materia al señalar que en 2013 sólo se destinó un 6.2 % del PIB, un porcentaje menor al promedio de los países que integran el organismo asignando un 8.9%. Al problema del presupuesto debe añadirse la falta de formación de personal para la atención médica, es decir, el país cuenta con 2.2 médicos practicantes y 2.6 enfermeras también practicantes por cada 1,000 habitantes, un promedio también inferior al de la OCDE que es de 3.3 y 9.1, respectivamente. En lo que se refiere a inversión en infraestructura los datos resultan igualmente negativos si se considera el número de camas por cada 1,000 habitantes, esto es, México se mantiene en el último sitio del organismo internacional con 1.6 camas en contraste con el promedio que es de 4.8 por cada 1,000 habitantes. 

Si bien es cierto que los servicios de salud no se han privatizado y hasta el sexenio pasado la atención que brinda el sistema se complementaba con órganos de carácter asistencialista como el Seguro Popular, debe señalarse que el repliegue del Estado en el sector ha vuelto a la salud un negocio muy lucrativo. De acuerdo a la OCDE, el llamado gasto de bolsillo (atención médica con prestadores privados) representa el 45% de los ingresos del sistema de salud y 4.0% del gasto en los hogares, siendo el primero el más alto de los países miembros de la organización. La centralidad del sector privado en el sistema de salud también se hace evidente cuando el mismo organismo identifica a México como el país miembro con mayor número de hospitales privados en comparación con los públicos, ya que cuenta con 11.4 hospitales de propiedad pública y 28.6 privados con fines de lucro por cada millón de habitantes.

El gobierno de Obrador puede aprovechar la coyuntura que presenta la renuncia de Germán Martínez y rectificar lo que se muestra como un contrasentido para un gobierno que se asume de izquierda. Es la oportunidad para colocar en el centro la cuestión social priorizando el tema de la salud como un derecho que reafirma la vida y permite el desarrollo humano, distanciándose de un actuar que prioriza los imperativos del mercado que cosifican la vida y convierten a la salud en un preciado botín.

 

Rodrigo E. Ocampo Merlo es Doctor en Estudios sociales en la línea de Estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS, FES-Acatlán). Interesado en temas sindicales, movimientos sociales y seguridad social. Ha desarrollado proyectos de investigación enfocados al análisis de la reestructuración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la reconfiguración de los vínculos corporativos de su sindicato.