Incertidumbre y precariedad laboral como dispositivos de disciplinamiento a la investigación

 
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Reflexiones Nómadas

Diana Fuentes

 
 

Hace casi cuarenta años se implementó en México un modelo para la investigación que ha destruido, paulatinamente, la vida académica al incentivar actividad y la competencia individual. Asimismo, ha producido una enorme desigualdad e incertidumbre laboral a través de un sistema que sostiene, de forma artificial, un modo de vida digno para la gran mayoría de académicos e investigadores de universidades públicas, instituciones de educación superior y  centros de investigación.

En las últimas semanas, se ha expresado la enorme tensión que produce el simple hecho de que algunas de estas contradicciones se hagan públicas en el particular escenario producido por el nuevo gobierno y su persistente incapacidad de comunicar o, de hecho, de elaborar una serie de políticas públicas con una perspectiva de Estado sobre el camino que debe tener la investigación nacional y su articulación con las instituciones dedicadas a ello. Las declaraciones aisladas de algunos funcionarios, las amenazas de recortes por la política de austeridad y la campaña de desprestigio que, sin duda, están utilizando algunos circuitos privilegiados del mundo académico que ya no están en los puestos de mando como el CONACyT, por ejemplo, han sumado para oscurecer un importante debate en torno a las condiciones de la investigación y la docencia, que, sin embargo, se vuelve urgente y que debería estar en el centro de la evaluación sobre el uso de los recursos públicos para el desarrollo de la investigación nacional.

La fuerza de la reacción de muchos investigadores y las escaramuzas producidas por los señalamientos de la existencia de una suerte “casta privilegiada” en estos circuitos, denota la profunda incidencia de la lógica de los estímulos y la meritocracia neoliberal, instalada en estas instituciones y en el proyecto nacional. A la pregunta de si existen o no grupos altamente privilegiados, por honestidad intelectual, se debería responder que sí, sin duda alguna. Esto no debería, sin embargo, ser hipostasiado o utilizado para hacer tabula rasa y colocar a investigadores y académicos en lo general como un sector que se sirve con la cuchara grande de los ingresos nacionales, pues la realidad está muy lejos de esta insinuación.

La era neoliberal trastocó todos los aspectos de la docencia y la investigación de las instituciones del Estado, cuyo dispositivo central ha sido el disciplinamiento y la evaluación laboral a partir de la separación entre salario y estímulos al trabajo. Si se revisan, por ejemplo, los tabuladores salariales de la UNAM o la UAM, por no hablar de los centros de investigación, se puede ver cómo, en el nivel más alto al que puede aspirar un académico, los ingresos salariales rondan los treinta mil pesos. Sin embargo, ascender a estos niveles supone una vida de trabajo y años de espera para lograr dichas promociones. Por supuesto, hay otras posibilidades de ingresos a los que puede aspirar un académico, que en no pocos casos son discrecionales y que se utilizan también como ficha de canje político, como aquellos que reciben quienes asumen una función administrativa. Sin embargo, el modo efectivo en que un académico e investigador puede aspirar, por ejemplo, a acceder a la compra de una vivienda propia, es fortaleciendo sus ingresos a través de los sistemas de estímulos.

Tal como lo ha indicado Imanol Ordorika, la caída salarial posterior a las crisis económicas de 1976 y 1982, provocó que los ingresos de los académicos tuvieran una pérdida alarmante. En ese entonces, se optó por incrementar sus ingresos no mediante el salario sino con un complejo sistema de estímulos para los que se crearon sistemas de evaluación y de tabulación, de modo que el trabajo cotidiano de académicos e investigadores fuera evaluado por sus pares a través de órganos colegiados que sirvieran de garantes de objetividad e imparcialidad. En el mismo periodo y en articulación a una dinámica internacional, básicamente referida a los modelos anglosajones de medición de la producción científica, se creó en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuyo objetivo presupuesto es reconocer y promover la investigación: su calidad, desempeño y eficiencia. Para pertenecer al SNI no es necesario tener un vínculo laboral vigente con ninguna institución educativa o de investigación, aunque se exija algún tipo de experiencia docente o de formación, pues dentro de los requisitos mínimos necesarios se contempla el que aspirante tenga el grado de doctor y una trayectoria de investigación comprobable (publicaciones, participación en proyectos de investigación, etc.). De tal modo que, incluso para quienes aún no obtienen una plaza temporal o definitiva para desarrollarse laboralmente, el SNI representa la posibilidad de obtener un ingreso que deberá renovarse en tanto se compruebe que se siguen generando productos de investigación o desarrollo tecnológico. En realidad, así se consuma una forma de precariedad laboral que se envuelve en el aterciopelado discurso del mérito y la eficiencia.

Si se piensa, entonces, en que existen académicos que a su salario base suman los incentivos que les otorguen sus instituciones de adscripción a aquellos otros, llamados becas, que les confiere su categoría en el SNI, se comprende cómo el total llega a representar más del 50% de los ingresos que les permiten aspirar, en la mayoría de los casos, a tener un nivel de consumo de clase media. Lo que esto demuestra es cómo la política neoliberal para la producción científica supuso la necesaria intervención en la autonomía de la investigación, por una parte, y, el sostenimiento artificial, es decir, fuera de la relación laboral con las instituciones de la mayor parte de los ingresos de académicos e investigadores.

Así, para mantener un determinado nivel de vida, los académicos e investigadores se volvieron burócratas de sí mismos, pues una parte importante de la evaluación de estas dinámicas recae en el llenado de informes, en la revisión constante de que los productos del propio trabajo encuadren en los modelos de medición, o que los proyectos de investigación demuestren que se es un buen gestor de los recursos asignados. Todo esto ha producido dinámicas que solventan la simulación, la competencia desleal y el abandono de las actividades que se consideran de menor valía para las evaluaciones, entre ellas, la docencia en nivel licenciatura. Y ha sido éste el escenario en el que estrechos circuitos de sectores altamente empoderados tienen en sus manos la capacidad de decidir lo que se reconoce o no como producción científica.

Por supuesto, todo esto ha resultado de suma utilidad para las estrategias de simulación de las cifras que el gobierno mexicano año con año ofrece a los organismos internacionales en materia de resultados de investigación, de producción científica y de índices de calidad académica. Miles de artículos publicados, cientos de proyectos apoyados, encuentros internacionales, grupos de trabajo, miles de becarios, etc., son cifras espectaculares, que, sin embargo, no expresan una perspectiva de Estado sobre la articulación entre esa enorme producción y su aprovechamiento para el dinamismo social. Ha sido la lógica del productivismo y la precariedad e incertidumbre laboral la que ha alejado las enormes aportaciones y la disposición efectiva de muchísimos académicos e investigadores por hacer que su trabajo incida y contribuya al desarrollo colectivo.

Jalar el freno de mano que conduce a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y, en general, al proyecto nacional de investigación, hacia el abandono de la docencia, a la fragmentación de las comunidades académicas, al aislamiento de los problemas y las necesidades sociales, y, como consecuencia, a la producción de élites injustificadas, supone la conversión de una parte de los recursos que se asignan como incentivos a incrementos salariales, bajo una lógica que además favorezca el cierre de la brecha entre los académicos de los niveles más bajos, de asignatura, temporales o de hora-semana-mes, frente a los definitivos de tiempo completo. De otro modo, es inverosímil que de los recortes al presupuesto de algunos grupos de élite, que sin duda han abusado de espacios estratégicos, se produzca un cambio significativo a la dinámica impuesta por el neoliberalismo. Haría falta, si se pretende un cambio radical, que se convocara a un gran debate nacional sobre el sentido de la investigación y la vida académica en este país.