Forjando patria: el asesinato de activistas socioambientales

 
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La Casa del Pueblo

Diego Bautista Páez

 

Samir Flores fue asesinado en la puerta de su casa de dos balazos en la cabeza la madrugada del 20 de febrero. El campesino, locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko (100.7 FM) y activista contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) fue ultimado 3 días antes de que el gobierno federal hiciera una consulta a la población de Puebla, Tlaxcala y Morelos sobre la puesta en marcha de un gasoducto, acueducto y termoeléctrica que –de concretarse– atravesará varios pueblos de una región sísmica.

José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, miembros de Concejo Indígena Popular de Guerrero -Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron ajusticiados en la montaña baja de Guerrero por dos ataques de comandos armados en mayo.  La CIPOEG-EZ es una de las organizaciones impulsoras de las policías comunitarias que gestionan de forma autónoma la seguridad de la región; la zona es clave para el trasiego de amapola hacia California.

El 11 de junio fue asesinado José Luis Flores, ambientalista dedicado a la defensa del santuario del mono saraguato, en el ejido de Calatrava, Palenque en la frontera entre Tabasco y Chiapas. Según diversos medios de comunicación, al lado de su cuerpo se localizaron amenazas contra su familia y ecologistas de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de Chablé, quienes resguardan la reserva donde vive un centenar de estos mamíferos aulladores junto a garzas e iguanas. Flores denunció hace poco la extracción ilegal de arena y calera de piedra del río Usumacinta.

El asesinato de líderes comunitarios y defensores del territorio en México es una constante. Según un estudio de Laura Castellanos, desde 2009 se contabilizan 125 crímenes –incluidas 17 desapariciones– contra líderes comunitarios, defensores del territorio y ecologistas en el país. El homicidio por conflictos socioambientales lejos de segar con la alternancia presidencial, suma nuevos casos mes con mes. AMLO no ha pronunciado aún el nombre de ninguno de estos mexicanos asesinados por defender el territorio y a la naturaleza.  

Aunque los proyectos contra los que se oponen las luchas socioambientales son diversos (presas, minería convencional o por fracking, hidroeléctricas, subestaciones de CFE, aeropuertos, basureros a cielo abierto), los activistas que las integran tienen más de una semejanza. Su origen en primer lugar. Las cifras de Global Witness (organización que contabiliza anualmente los homicidios de ecologistas en el mundo) documentó el asesinato de 82 activistas indígenas en la última década, esto es dos de cada tres asesinatos de este tipo. El Congreso Nacional Indígena (CNI) –organización a la cual tanto Samir Flores como los cuatro miembros de la CIPOEG pertenecían– registra otros ataques en fechas recientes en Comala, Zaachila (Oaxaca) y un desalojo a la comunidad triqui en la Ciudad de México. Samir era nahua mientras la CIPOEG en Guerrero conjunta al pueblo masabi, mixteco, tlapaneco, nañu y, recientemente, al afromexicano.  

El enriquecimiento de empresas trasnacionales a partir de la extracción y explotación de recursos naturales en sus territorios también les está emparentado. Esta forma de explotación de la naturaleza en México involucra una compleja red en la cual se incrustan el crimen organizado; empresas de primera transformación productiva como las mineras, agroalimentarias o comercializadoras de agua; junto a autoridades de los distintos niveles de gobierno. Las comunidades y activistas que se organizan para detener estos megaproyectos atentan contra negocios de millones de dólares sin que, muchas veces, estas ganancias se reinviertan en el país.

El tercer punto en común de los activistas asesinados es que intentaron romper el silencio respecto a los impactos sociales y ambientales que tiene la implementación y operación de estos proyectos. José Lucio y Modesto Verales echaban a andar nuevas radios comunitarias en la montaña de Guerrero cuando fueron masacrados, así como lo hizo Samir Flores en Amilcingo. Mientras José Luis Flores evidenció la explotación ilegal del Usumacinta. Sus denuncias fueron amplificadas gracias a que los activistas socioambientales estaban organizados tanto en la UMA, la CIPOEG o en la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos que se opone al PIM; estas plataformas les permitieron ampliar su mensaje contra la devastación ambiental, frente al silencio de buena parte de la opinión pública y las autoridades mexicanas.

Si el gobierno federal encabezado por López Obrador quiere diferenciarse de sus antecesores deberá esclarecer, brindar justicia y detener el ataque contra los defensores del territorio y la biodiversidad. En especial, si busca que las consultas que promueve estén apegadas a derecho internacional. Ya que, el multirreferido Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 26, tercer inciso, especifica: “Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”.

La falta de esclarecimiento de los hechos contra Samir Flores, la CIPOEG y José Luis Flores no sólo contravienen los tratados que México ratificó en materia de derechos indígenas, también contrastan con algunos compromisos de campaña como cancelar el PIM y dignificar la vida de los pueblos indígenas como se mencionó en la parafernalia toma del “bastón de mando” el primero de diciembre pasado. La persistencia de la violencia para imponer estas inversiones de capital pone en entredicho el modelo de desarrollo planteado en el proyecto económico sexenal, cimentado en la extracción intensiva, industrialización y apertura al turismo masivo del sureste del país (donde se localizan el mayor cúmulo de resistencias comunitarias y reservas ambientales).

Las consecuencias del cambio climático se experimentan a nivel mundial con tremenda velocidad y pronósticos reservados. Al mismo tiempo que sus consecuencias generan nuevas tensiones y debates sobre los modelos de “desarrollo sustentable” y las formas de gestión y propiedad de los bienes indispensables para la vida. También se redefinen las consecuencias ambientales y sociales de la continuidad de la economía extractivista en vastas regiones como América Latina. La creciente conciencia ecológica tendría que fijar el esclarecimiento de los asesinatos de activistas socioambientales en su agenda. No sólo por la necesidad de justicia sino por la importante labor de resguardo que cumplen las comunidades y ecologistas para el cuidado de los territorios que nos aportan las condiciones indispensables para la vida humana (el 65 de los 125 crímenes tienen que ver con la defensa del agua y 74 con la defensa forestal).

En el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, la tenencia y explotación del territorio continúa como un problema de primer orden y sus herederos siguen siendo asesinados.