Entre la democracia y el neoliberalismo

 

Opinión

Octavio Spindola Zago

El gobierno es el despliegue de técnicas para manejar las incertidumbres y el miedo a futuro con los recursos presentes, escribe Ferruccio Capelli. La localización en la geometría de las posiciones políticas del espectro ideológico –a la izquierda para quienes consideran irrenunciable la obligación redistributiva del estado para la consecución del bienestar; a la derecha para los convencidos de los beneficios del libre mercado y la menor intervención estatal en la vida pública- puede ser fijada precisamente en las estrategias adoptadas por los actores políticos para manejar las incertidumbres.

La fuerza de la evidencia parece, no obstante, atenuar la apertura de este compás, al menos en grado: los gobiernos progresistas de América Latina –izquierda– no han logrado desplazar al neoliberalismo –derecha–, sustituir el neoextractivismo, consolidar formas de democracia participativa sin resquicios de paternalismo autoritario ni aminorar la corrupción estructural. Es ante esta disyuntiva que se planta el proyecto de nación del gobierno de MORENA.

En México, el agotamiento de la hegemonía del Estado de partido y la transición al pluralismo democrático ha dilatado considerablemente en atender la democratización estructural del país. Esto se puede explicar por lo paulatino de la transformación, sin rupturas bruscas con el pasado, por su encuadramiento en los márgenes de la constitución, por la fragmentación del poder que comporta la pluralidad y por la persistencia de actores del antiguo régimen en las negociaciones para esta transformación, que inició con las reformas electorales de 1977 y alentó más las expectativas con la victoria de la oposición en 2000, y ahora, nuevamente, en 2018.

¿Qué podemos entender por democratización? John Dunn, en Libertad para el pueblo, recupera la definición clásica de Babeuf y Sieyés, el ensanchamiento del “programa de los iguales”. Para los movimientos radicales y grupos disidentes del siglo XIX, más que un concepto con definición contundente, se trataba de un sustantivo colectivo –característico de los lenguajes políticos modernos– que servía para englobar prácticas tales como elecciones legislativas, un electorado creciente, sufragio libre y secreto y un ejecutivo más o menos responsable ante sus gobernados.

La extensión del programa democrático ha respondido al efecto social más importante de la revolución industrial: la incorporación del proletariado y la necesidad de gestionarla. Bernard Manin nos ayuda a revisar este proceso en Los principios del gobierno representativo. De sus inicios parlamentarios entre el siglo XVII y 1870, donde el voto emitido por un representante individual comportaba un “optar entre opciones”, mutó en la partidocracia hasta principios del siglo XX, donde los electores mostraban su pertenencia a un grupo y optaban por un “burócrata del partido” alineado a los intereses de clase –la expresión es de Karl Kautsky. Finalmente, la era de los medios masivos cobró factura al mundo político y una nueva torsión aconteció en el núcleo de los gobiernos representativos: los ciudadanos, convertidos en consumidores, responden ya no a la prominencia política de su representante ni al programa del partido, sino a los estímulos que el marketing del mercado electoral les inyecta. ¿Pueden coexistir el programa de los iguales democrático con el orden del egoísmo neoliberal?

Con Capelli, esta contradicción insalvable ha sido campo fértil para la proliferación de populismos y neofascismos. Éstos, capitalizando el odio y promoviendo la xenofobia, satanizando al otro como enemigo que amenaza a la salud del cuerpo social, y respondiendo con militarización y regresos al pasado. Aquellos, responsabilizando al capitalismo por la desigualdad y marginación, proponiendo justicia social como tratamiento propedéutico. Los resultado no parecen halagüeños: después de una década de flamear políticas de izquierda, nuestra región oscila al punto opuesto. Algunos especialistas advierten que, en parte, esto se debe a la ausencia de estrategias no corporativistas y dispositivos que incitaran a la democracia horizontal. Más bien, dieron continuidad a los resquicios medulares de las prácticas dictatoriales o autoritarias que les precedieron.

¿Estamos condenados a vivir el fin de las ideologías y la historia, entonces? La crudeza del realismo no debe ir en detrimento de nuestra capacidad de imaginar futuros otros posibles. El neoliberalismo no es una fatalidad, nos anima Escalante. Una clave aparece en Jürgen Habermas, con su cruzada a favor de la democracia deliberativa: se me ocurre la realización regular de reuniones locales para fomentar la organización barrial como método para transitar del poder vertical al ejercicio horizontal. Otra pista, más empíricamente ensayada, es la de Elinor Ostrom.

Esta autora ha afirmado que ante la “tragedia de los comunes”, la degradación del entorno cuando muchos sujetos explotan un recurso de uso común alentados por la maximización del beneficio, varias comunidades han sido capaces de autoorganizarse por fuera de las recetas de la propiedad estatal o la propiedad privada, generando reglas basadas en normas locales, acuerdos asociativos y poniendo en acto su capital social, mediante la propiedad comunal. La capacidad de resistencia de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla podría ser un alentador ejemplo al respecto; otro serían iniciativas como FAROS en la Ciudad de México, centros locales de arte, cultura y oficios, emprendidos y gestionados por la comunidad con apoyo operativo del gobierno.

Si bien la democracia como valor político subvierte la legitimidad de la democracia como forma de gobierno –estancada en lo procedimental y las elecciones como único mecanismo participativo-, podemos entrever una alternativa. El rol del gobierno democrático no es centralista ni vertical, sino que sería proveer canales de circulación eficiente de información y ayudar a las jurisdicciones locales a resolver sus conflictos en el marco de un estado de derecho y en congruencia con los estándares sociales de justicia, para que su autoorganización les permita la adaptación y aprendizaje en contextos de volatilidad e incertidumbre. Algunas alternativas: No decretar leyes de punto final, empoderar las formas de lo comunitario, educar a la ciudadanía en el pensamiento crítico para desprenderla de su condición subsidiaria de apoyos asistencialistas, y animar la organización barrial-vecinal como resistencia a la gerencialización de la vida y la militarización de lo público. Urge una auténtica transición a cierta democracia más radical, creativa, autogestiva, comunal.

Corresponde al equipo en Palacio Nacional dirimir: ¿aventurarán alejarse del modelo neoliberal en la práctica, aunque sea de manera paulatina –más allá de darlo por muerto, decreto mediante– y las estrategias del régimen autoritario corporativo que se han fundido en él, o apostarán meramente por un cambio de gobierno, cediendo la transformación a la estabilidad?