Ciencia, ¿para qué? Un debate urgente en una coyuntura inédita en México

 

Perspectivas

Fernando Munguía Galeana

 
 

Desde hace varios meses venimos siguiendo con alarma y preocupación las tendencias cercenantes a los presupuestos nacionales dirigidos a financiar y dar certidumbre a la investigación científica, a la innovación y al desarrollo tecnológico en diversos países de América Latina ante el marcado fin de ciclo de los gobiernos progresistas y la ola de ascensos de gobiernos abiertamente conservadores que se desentienden del bienestar de las mayorías precarizadas y empobrecidas, y recuperan irrestrictamente los cánones del libre mercado como formas de refuncionalización de la crisis neoliberal actual.

Dos casos nodales encendieron las alertas regionales en este sentido: Argentina y Brasil. En efecto, tanto el gobierno tambaleante, pero aún vigente, de Mauricio Macri (Cambiemos), como el recién llegado Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal), respectivamente, han implementado sendos recortes a la financiación de centros de investigación científica que ponen en entredicho la viabilidad misma de estos espacios pero que, ya desde las primeras fases de estas medidas, afectaron de manera sustantiva la posibilidad de académicos, investigadores, docentes, estudiantes y trabajadores del campo científico de encontrar espacios para desarrollar su actividad educativa y profesional.

Tal como han señalado diversas voces críticas en ambos países, las medidas de ajustes y reformas en este sector deben entenderse en un marco estructural, pues atienden no únicamente a tendencias de corto plazo sino a transformaciones profundas con evidentes sesgos clasistas que abonan en la prolongación y, por más difícil que resulte imaginarlo, en la agudización de las condiciones materiales marginales de millones de ciudadanos.

En Argentina, por ejemplo, la reducción de la inversión estatal en ciencia, tecnología e innovación alcanzó casi el 44%, pasando de 2400 a 1600 millones de dólares en el curso de tres años, de 2015 a 2018. En el mismo sentido, el conjunto de los espacios laborales, destinados para “investigadores, becarios y personal de apoyo” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cayó en casi el 50%, pasando de 899 en 2015 a 450 en este 2019, durante el último periodo de ingreso (Grandes, M. “La crisis de la ciencia argentina va mucho más allá del Conicet”).

En Brasil, el escenario no es distinto; lejos de eso parece, si cabe, aún más sombrío pues a las reducciones presupuestarias se agrega una ideología gobernante oscurantista que identifica en el trabajo científico crítico, un enemigo al que hay que erradicar. Recién asumida la presidencia, el gobierno entrante anunció, en marzo pasado, una disminución de casi 543 millones de dólares respecto del presupuesto anunciado para este año (Duro golpe a la ciencia en Brasil: gobierno de Bolsonaro decretó importante recorte presupuestal). A ello, hay que agregar la intención, anunciada el pasado 25 de abril por el propio Bolsonaro y el ministro de educación Abraham Weintraub, de “descentralizar la inversión en filosofía y sociología” por considerar que éstas no generan un “retorno inmediato a los contribuyentes, como [sí sucede con la] veterinaria, ingeniería y medicina”, asegurando, además, que las humanidades son un lujo que el Estado no debería financiar. En ambos países, se dieron ya diversas expresiones de protesta social que indican la capacidad organizativa y movilizatoria de las comunidades afectadas y su fuerza para interpelar a otros sectores populares. Incluso se ha manifestado apoyo desde el extranjero a través de la carta abierta, con origen en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y respaldada por 17 mil sociólogas y sociólogos de diversas partes del mundo que rechazaron la premisa de la mercantilización y rentabilidad inmediata de la educación universitaria.

Este breve panorama sirve de telón de fondo para problematizar las tendencias observadas actualmente en México y plantear la pregunta de cuál es el sentido atribuido por el gobierno en turno al trabajo científico y su posible beneficio para el objetivo, reiteradamente sostenido por ellos, de buscar “el bienestar de la población”. Como en otros temas que este gobierno ha impulsado en los casi seis meses de gestión que lleva, éste no queda exento de puntos controversiales, pero resulta apremiante dar los debates necesarios y abrir las líneas de discusión que nos permitan dilucidar, entre la bruma de un futuro incierto, algunos puntos centrales de las medidas emprendidas y sus efectos a corto y mediano plazo.  

Hay que comenzar por decir que no es posible equiparar los gobiernos antes mencionados de Argentina y Brasil, con el del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador (Amlo); eso sería caer en una comparación burda que reduciría sus especificidades históricas y coyunturales, siempre necesarias para dimensionar el sentido de las contradicciones emergentes en cada caso y, en particular, del mexicano.

Como se sabe, e incluso fue celebrado con cierto entusiasmo desde distintos países latinoamericanos y por diversas fuerzas sociales en México, la elección presidencial del pasado 1 de julio de 2018 implicó un quiebre con la continuidad de los gobiernos neoliberales locales, responsables de la implementación sistemática desde la década de 1980 de reformas estructurales precarizantes y, por ello, supuso un ejemplo atípico del contraflujo político-partidista regional cuando, casi al mismo tiempo, arribaban a la conducción del aparato estatal personajes como Iván Duque en Colombia, y el ya mencionado Bolsonaro en Brasil. La histórica votación que dio la preferencia Amlo con más del 50% (33 millones de votos), genera sin duda un nuevo escenario que invita a pensar en una modificación de la correlación de fuerzas sociales, políticas y económicas y en la apertura de un horizonte de transformación -la denominada 4ta transformación-, en el cual haya cabida para las mayorías empobrecidas y los sectores trabajadores.

Es por esto mismo que las medidas de recorte y redirección de las inversiones públicas en educación e investigación científica, tecnológica e innovación resultan por demás problemáticas y un tema de la mayor preocupación, no solo para la comunidad científica del país sino de cara a las posibilidades de desarrollo sustentable y humanista que se requiere.

El marco en el que estas medidas se inscriben en la coyuntura actual es el del impulso a la Ley de Austeridad Republicana (LAR), una estrategia de ahorro y redirección del gasto público que pretende combatir la corrupción y reducir los egresos considerados por el gobierno morenista como onerosos y que conservan privilegios, misma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril y trasladada al Senado. Es dable ubicar que esta nueva ley se corresponde con el ánimo redistribucionista con la que el gobierno apuesta por revertir la lógica excluyente que definió a las pasadas administraciones federales pero, al mismo tiempo, señala una serie de contradicciones no menores en el caso de los recortes al trabajo científico nacional.

Algunos de los puntos centrales considerados en esta LAR implican la cancelación de seguros privados de vida y de gastos médicos; pensiones a titulares del gobierno por encima de las que marca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); eliminación de pagos de telefonía móvil y gasolina, así como la prohibición de arrendamiento de autos de lujo para servidores públicos, entre otros. En esa misma dirección, el 3 de mayo, el gobierno federal presentó un memorándum, firmado por el presidente y dado a conocer por la Secretaría de la Función Pública y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se proponen nuevos ajustes a la mencionada LAR. En este documento, se enfatiza la necesidad de “adoptar medidas de austeridad adicionales que permitan liberar mayores recursos para el desarrollo”. El punto álgido estriba en que dichas medidas son de “observancia obligatoria” para toda la Administración pública, dentro de la que caen dependencias y organismos descentralizados y que afecta, entre otras partidas: materiales de impresión y oficina; viáticos y pasajes aéreos nacionales; estudios e investigaciones; congresos y convenciones, de acuerdo con el memorándum presidencial publicado el 3 de mayo.  

Han sido estos ajustes los que, sumados a los aplicados al presupuesto destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tres mil millones de pesos menos que el año pasado, ya tienen un impacto específico en la capacidad y desarrollo de proyectos científicos de los Centros Públicos de Investigación (CPIs).

Así, en respuesta a dicho memorándum, un grupo de 3190 integrantes de la comunidad académica de los CPIs, entre “científicos, investigadores, técnicos, estudiantes y personal administrativo”, enviaron una carta el 15 de mayo, dirigida al presidente, al titular de la SHCP y a la propia directora del Conacyt, para expresar su preocupación por los recortes señalados, que van del 30 al 50%, y que “implicarían la suspensión o incluso la cancelación de actividades sustantivas de investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, difusión y divulgación de la ciencia, lo que mermaría su potencial para coadyuvar a la transformación que tanto urge a México”. En el mismo sentido, un día después, directores de seis CPIs, en tanto voceros del Consejo Consultivo de Directores Generales de los CPIs Conacyt, expresaron también su preocupación pues los recortes “afectarán la operación sustantiva de los CPI y que, en algunos casos, de aplicarse indiscriminadamente, implica el colapso de algunos centros antes de fin de año”. En ambas cartas, si bien se reconoce la necesidad de cuidar el uso de los recursos, se reitera también la necesidad de salvaguardar la capacidad que estos centros deben tener para ejercer autónomamente sus presupuestos, debido a la importancia de los proyectos en curso y las tareas de divulgación y difusión de la ciencia que conllevan.

En esta misma semana, como botón de muestra, se difundió la noticia de que estas medidas ya impactaron en el despido de cerca del 40% de los trabajadores contratados bajo la figura de “prestadores de servicios profesionales”, es decir por “honorarios”, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, centro de investigación y de estudios en ciencias sociales e históricas con validada reputación en el campo académico mexicano y uno de los mencionados CPIs en riesgo; en otros casos, se hicieron recortes salariales a trabajadores que, ante la necesidad de conservar el empleo aun en esas condiciones, aceptaron la reducción, según lo informado en esta nota de El Universal. Diversas medidas, entre peticiones de continuidad, reconocimiento de sus derechos y modalidades de transición de parte de los propios trabajadores despedidos, así como la organización solidaria de estudiantes de los diversos programas de posgrado del mismo Instituto Mora, becados en su mayoría por Conacyt y por tanto también en posible riesgo, han comenzado a emerger como otras formas de resistencia.

El contexto mexicano, si bien no es idéntico al de Argentina y Brasil, pues todavía parece distar de aquellos posicionamientos abiertamente mercantilistas de la educación y la investigación científica, sí indica una tendencia restrictiva que contradice la promesa de una política general que buscaría el mejoramiento de las condiciones laborales y materiales de la población precarizada.

Se debe insistir en que, si bien las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno son una forma de combatir las lógicas excluyentes largamente enquistadas en la sociedad mexicana, éstas no pueden afectar la posibilidad de reproducción de los trabajadores y de desarrollo de los estudiantes becados y, en cambio, se debería avanzar hacia mecanismos de contratación y procuración de seguridad laboral y social, antes que continuar con esquemas de flexibilización como resulta con la mencionada contratación por prestación de servicios profesionales, en el caso de los trabajadores.

Si el neoliberalismo alcanzó al sector educativo en México durante las décadas pasadas, insertando en su misma reproducción cotidiana la meritocracia y el productivismo como criterios de ascenso en los distintos escalafones profesionales y salariales, no fue solamente porque el Estado lo haya permitido o haya quedado desvalido ante la imposición externa. En este como en otros sectores fundamentales (salud, energía, salarios), las reformas fueron tamizadas por las expresiones de fuerza de las clases dominantes y el bloque político en el poder y fue ante esas pretensiones que también se activaron diversos espacios y formas de disputa por parte de las clases subalternas, como fue la defensa estudiantil de la gratuidad de la UNAM en 1999-2000.

En las condiciones actuales y, frente a los desafíos generados por la sistemática aplicación de aquellas políticas neoliberales, dilucidar el sentido del para qué de la investigación y el trabajo científico es una discusión política y social estratégica y urgente para la redefinición de un nuevo tipo de estatalidad democrática que todavía no parece encontrar la mejor manera de manifestarse. Por ello, quienes estudiamos, enseñamos y nos desempeñamos profesionalmente en el campo de las ciencias sociales, históricas y económicas estamos ante una coyuntura inédita para dotar de un carácter social y humanista al desarrollo incluyente que necesitamos y para que el ejercicio constante de la crítica y la creatividad científicas sirvan para develar los límites del poder y combatir sus yerros y desproporciones.