AMLO, la escolástica y el liberalismo: discutiendo a Enrique Krauze

 
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Abrelatas

Francisco Quijano

 
 

Hace unas semanas Enrique Krauze publicó un artículo titulado “Diez premisas sobre el poder”. En él señala que López Obrador encarna los principios de un modelo político concebido por los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII. Dicho modelo, habría servido para legitimar a la monarquía absoluta por más de trescientos años. Al presentar estas ideas, Krauze recupera un argumento del historiador Richard M. Morse, para quien el arquetipo del Estado de Tomás de Aquino ha permanecido en la base de la cultura política iberoamericana desde el siglo XVI hasta nuestros días. A diferencia de Morse -crítico del liberalismo- el historiador mexicano recurre a este planteamiento para reprobar al autoritarismo latinoamericano y defender la democracia liberal.

No es la primera vez que Krauze elabora esta asociación. En 2006 aparece esbozada en “El mesías tropical”  y, recientemente, la desarrolló en El pueblo soy yo (México, Debate, 2018). En “Diez premisas...” echa mano nuevamente de ella, ahora para criticar la distinción entre justicia y ley reivindicada por López Obrador y para confirmar sus vaticinios sobre la Cuarta Transformación. El argumento es el siguiente: la filosofía tomista, hegemónica en Hispanoamérica durante la temprana Modernidad, contiene una serie de premisas cuya implementación moderna -por ejemplo, en el gobierno de López Obrador- es “una receta para la dictadura”. Entre estas premisas se encuentran el desprecio por la ley escrita, el desdén hacia las prácticas democráticas, la tolerancia a la ilegalidad y la entrega absoluta del poder al gobernante.   

Celebro que los historiadores se acerquen a la historia para reflexionar sobre los problemas de nuestro presente. Frente a la postura de anticuario que domina en nuestra disciplina, encuentro refrescante abrir la discusión sobre la historia del pensamiento político hispanoamericano a un público amplio y dar cuenta de su utilidad, aquí y ahora, incluso si esto implica cometer algunos anacronismos. Siguiendo este espíritu, quisiera discutir la tesis expuesta por Krauze, con la que estoy en completo desacuerdo.

El artículo en cuestión muestra la incomprensión o el desconocimiento que el autor tiene sobre la neoescolástica hispana e hispanoamericana, quizá mediada por su lectura de Morse. Krauze reproduce en sus textos los prejuicios del liberalismo noratlántico que, caricaturizando a la escolástica española, la reduce a una tradición antimoderna y absolutista. Ya Mauro González Luna explicó en “Krauze y su filosofía silvestre” los problemas que tiene su interpretación de la teoría tomista del derecho natural.

Pero el desconocimiento de Krauze no se reduce a lo señalado por González. Se manifiesta también en la manera en que describe las ideas escolásticas sobre el origen del poder y los límites de la autoridad. Krauze considera que la teoría tomista del Estado implica la construcción de un gobierno absolutista, en tanto que atribuye al príncipe la posesión absoluta de la soberanía. Para probar esto remite a las ideas del teólogo jesuita Francisco Suárez, pero su lectura tiene cuando menos dos problemas.

En primer lugar, para Suárez la transferencia total del poder del pueblo al gobernante -no habla nunca de soberanía- no era natural o necesaria, sino una entre distintas formas de institución de una autoridad. Ciertamente, para el jesuita, la monarquía establecida por una “quasi alienatio” de la potestad al rey era, en su opinión, la mejor forma de gobierno, más, siguiendo a Aristóteles, reconoce otras formas legítimas en las que la transferencia del poder era restringida, como la aristocracia, la democracia o el gobierno mixto.

En segundo lugar, Suárez representa sólo una de las distintas posturas que existieron dentro de la escolástica hispanoamericana de los siglos XVI y XVII. Otros autores formados también en la tradición tomista, e igualmente famosos en su época, utilizaron argumentos republicanos para atacar la idea del gobierno absoluto y para defender la existencia de límites jurídicos al poder del gobernante, incluso dentro de una monarquía. Así, por ejemplo, Juan de Mariana o Fernando Vázquez de Menchaca sostuvieron que, en ninguna circunstancia, el príncipe podía tener más potestad que la comunidad en su conjunto y consideraron como condición para la existencia de un gobierno legítimo el que éste estuviera limitado por la ley.  

Argumentos similares fueron empleados por escolásticos en Iberoamérica. Bartolomé de Las Casas y Alonso de la Veracruz, dos teólogos centrales en la historia política e intelectual de la Monarquía hispánica, recurrieron a ellos para establecer una crítica a la conquista y la colonización de América. Así, Veracruz reconoció el origen humano -no natural ni divino- del poder político y sostuvo que en todas las formas de gobierno las autoridades sólo podían ejercer “tal y tanta potestad [es decir, no más] cuanta la república les confiere para el bien de la comunidad misma” (De dominio infidelium et iusto bello, México, UNAM, 2007, pp. 1-2). Para este autor, en su obligación de velar por el bien común los gobernantes podían realizar acciones que un pensador liberal consideraría inaceptables, como despojar a un propietario de sus bienes superfluos para otorgarlo a quien padeciera necesidad (ídem, pp. 96-98), pero dichas acciones no podían llevarse a cabo de forma arbitraria.

Bartolomé de Las Casas, por su parte, lejos de defender regímenes absolutistas, describe cómo debía conducirse un gobierno para ser legítimo:

“Quien manda tiene sobre sus súbditos una potestad no suya sino de la ley, que está subordinada al bien común, por lo que los súbditos no están bajo la potestad de quien manda, sino de la ley, ya que no están debajo de un hombre, sino de la ley justa [...] De ello se deduce que el dominio (como impropiamente se llama) que reciben los reyes sobre sus reinos no implica ningún perjuicio a la libertad” (De regia potestate, Madrid, Alianza, 1990, p. 67)

Los principios referidos no pueden ser más antagónicos a la imagen que brinda Krauze sobre el pensamiento neotomista iberoamericano, al que considera semillero de regímenes dictatoriales. Ciertamente, dicha tradición, al ubicar como fundamento de la ley a la justicia y al bien común se distancia de los preceptos de la democracia liberal. Estos últimos, formulados más de dos siglos después, privilegiarían la defensa de los derechos individuales, particularmente la propiedad, en el ordenamiento del poder público. No obstante, este distanciamiento no implica que los escolásticos despreciaran la libertad, sino al contrario.

Como sucede con otros liberales, pareciera que para el autor de El pueblo soy yo resulta imposible considerar que desde tradiciones políticas distintas al liberalismo se pueda defender la libertad, denunciar a los gobiernos autoritarios o promover prácticas democráticas. Y esto es, quizá, lo más problemático de la lectura que hace Krauze de la historia del pensamiento político iberoamericano. Más allá de los errores en la descripción que hace de la escolástica, Krauze se acerca al pasado con el objetivo único de mostrar, una vez más, que no hay otro camino para resolver nuestros problemas que la democracia liberal y que todo lo que se salga de su canon debe ser denostado como fascista, totalitarista, populista o absolutista.

Para concluir, volvamos al problema inicial. La idea de que la escolástica española es fuente intelectual de dictaduras o regímenes absolutistas no se sostiene. Si Krauze quiere encontrar el “código genético-político” del autoritarismo iberoamericano debe de buscarlo en otro lado, aunque dudo que tal cosa exista. Tampoco me parece que AMLO encarne los conceptos políticos del tomismo, más allá de su apelación a la justicia y al bien común como rectores del Estado. Lo que sí estoy convencido es que, si queremos construir una democracia fuerte, combatir la desigualdad, establecer vínculos de solidaridad en nuestras comunidades y resolver la cuestión social, no basta la “receta” de la democracia liberal, que en México ha mostrado sus grandes carencias en la llamada “transición a la democracia”. Es necesario, pues, probar nuevos caminos y buscar en otras tradiciones fuentes de inspiración. Quizá, por qué no, también en la escolástica iberoamericana.